El macrismo recluta

El macrismo recluta empleados públicos para el Sí se puede en Corrientes .

ATE reveló que en distintas reparticiones buscan forzar a los trabajadores, en su mayoría precarizados, para que estén en el acto que Mauricio Macri encabezará esta tarde. En la policía les ordenaron a los efectivos de todas las áreas a presentarse en sus lugares de trabajo vestidos de civil.

A horas del acto que el presidente Mauricio Macri encabezará en Corrientes como parte de la marcha “Sí se puede”, se replican las denuncias de trabajadores estatales presionados por el gobierno para participar del acto de campaña, la mayoría empleados precarizados contratados. En algunos casos, como en el Instituto de Previsión Social, ATE Corrientes denunció que, además, están supeditando los aumentos salariales a la presentación de los trabajadores en la manifestación de esta tarde.

Sin dejar ninguna constancia escrita de las directivas, los funcionarios públicos del gobernador radical Gustavo Valdés están instruyendo a los trabajadores llevar banderas de Argentinas y presentarse con buzos o remeras de la Selección Argentina para llenar los espacios vacíos que el oficialismo prevé en el acto. Según cuentas en distintas reparticiones, los directores de las áreas deben llevar como mínimo 20 trabajadores para no poner en riesgo su fuente de trabajo.

“En el IPS los están extorsionando. Ayer los llamó la interventora a una reunión para hablar supuestamente de la recomposición salarial que reclaman los trabajadores pero después les dijo que era imposible, pero que querían ver a todo el personal en el acto de la venida del presidente”, reveló Feliciano “El Chano” Romero, secretario general del sindicato de estatales en la provincia.

El IPS tiene una plantilla del 40 por ciento de trabajadores contratados, con lo cual sus puestos laborales no están garantizados. El resto de la planta fija, con no menos de 25, 28 o 30 años de antigüedad, también está atada a las directivas oficiales en tanto “muchos tienen hijos o familiares contratados que están precarizados, con lo cual a los fijos los extorsionan con sacarle el puesto a sus familiares”, explicó también Romero.

El dirigente advirtió que esa situación es aún más grave porque en esa misma charla “los obligaron indirectamente a votar por Macri”, en tanto condicionaron el aumento a una potencial victoria del mandatario. “Lo volvemos a hablar después del 27 de octubre”, fue la frase que utilizaron.

Romero puntualizó que todos los empleados de la administración pública en Corrientes cobran su sueldo en tres cuotas desde hace un año y medio. “Somos de las provincias más pobres del pais, con una pobreza del 49 por ciento, y nos extorsionan”, lamentó el dirigente.

Los primeros en alzar la voz contra “la campaña de intimidación llevada adelante por el gobierno de la provincia” fueron los delegados de los Centros de Atención de Salud Primario de Corrientes. A través de un comunicado, revelaron que “amenazan al personal con tomar lista de asistencia al acto de apoyo al candidato Macri para este viernes 18 de octubre”. La denuncia destaca también qué están instruyendo a los directores de los CAPS a que lleven al acto “como mínimo 20 personas” y solicita a Valdes y a las autoridades de los Centros “que cesen inmediatamente en su accionar autoritario, discriminatorio y clientelar”.

A pesar del hermetismo de las operaciones, el pacto de silencio entre los funcionarios de Valdés se rompió esta mañana, cuando se filtró un Memorándum interno de la policía de Corrientes que avivó la polémica. El escrito del subjefe de la policía de la provincia ordena a todos los departamentos de la Policía a disponer “el 100 por ciento del personal bajo mando” dos horas antes de la manifestación oficialista y “de civil” .

Las interpretaciones alrededor del documento no tardaron en llegar. Algunos advirtieron que la convocatoria de los efectivos es para “hacer montón” y otros se quejaron por el desproporcionado operativo policial desplegado, que hará uso de todos los oficiales provinciales.

La situación no solamente se circunscribe a la administración provincial. Los gremios denuncian que en el municipio de Goya, cuyo intendente es integrante de ECO-Cambiemos, Ignacio Osella, está llamando al personal contratado a completar una planilla encabezado con su nombre y apellido y número de documento más 20 líneas en blanco. En ellas los trabajadores tienene que completar 20 nombres de personas que voten a Cambiemos porque “sino quedan sin trabajo”. La semana pasada, inclusive, un exconcejal fue detenido por orden judicial horas después de denunciar ante los medios locales la presión de Osella. El dirigente Ariel Pereira fue detenido inmediatamente por una causa judicial en la que Pereira fue condenado a dos años de prisión y que ahora está en la Corte Suprema de Justicia.

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