Regulación legal del cannabis

Firmaron un acuerdo para impulsar la regulación legal del cannabis.

Este sábado se realizará la presentación pública. El acuerdo unifica criterios de las 21 organizaciones firmantes, en el que se propone un modelo de regulación  desde perspectivas semejantes a las leyes de Canadá y Uruguay.

Imagen: Dafne Gentinetta

A 30 años de la sanción de la Ley de Estupefacientes (23.737) en Argentina, asociaciones cannábicas y organizaciones de derechos humanos, ciencias sociales, seguridad, educación y salud mental firmaron un acuerdo de cinco puntos para comenzar a diseñar una regulación legal del cannabis para uso adulto que esté basada en criterios de salud pública. “Nos une la lucha por una reforma profunda de las políticas de drogas, que ponga al sujeto en el centro de las acciones tendientes a mejorar la salud y la seguridad entendidas como derechos”, explicaron los realizadores del acuerdo.

El documento, que será presentado a la comunidad este sábado a las 15 en la Asociación Civil Cogollos del Oeste (Paysandú 459, Caballito), consta de cinco puntos que fijan posiciones sobre la regulación , el consumo responsable, el mercado existente en torno al uso adulto o “recreativo”, la importancia del autocultivo y de los clubes sociales de cannabis y la no criminalización del uso de sustancias psicoactivas.

“Creemos que es necesario que se debata con base en la evidencia científica y sin prejuicios morales”, aclararon las organizaciones convocantes, “por lo que habrá especialistas que responderán consultas” tanto a la comunidad como a la prensa. El encuentro constará de una mesa de apertura y de dos mesas informativas en las que se analizará en detalle cada uno de los cinco puntos del acuerdo.

El propósito de este acuerdo, explicó a Página|12 Mariana Souto Zabaleta, coordinadora del grupo de estudios en Políticas de Prevención y Control del Narcotráfico del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), “es unificar los criterios de todas las organizaciones que venimos trabajando en la necesidad de reformar las políticas de control de drogas, en la necesidad de proponer un modelo distinto de regulación para el mercado de Cannabis”.

Cambiar el estatus legal del cannabis

Ese nuevo modelo, aclaró Souto Zabaleta , será plasmado en un proyecto de ley que ya está siendo trabajado por las organizaciones y que tiene como inspiración, entre otras normativas, las legislaciones cannábicas de países como Uruguay y Canadá.

Cambiar el estatus legal del cannabis, que es la sustancia ilegal más consumida tanto en nuestro país como en el resto del mundo, implica reconocer “la existencia de un mercado que hoy es clandestino, con los costos que ello trae aparejado para la salud y seguridad de las personas que consumen y las consecuencias negativas que acarrea para otras cientos que son encarceladas por cultivarlo o venderlo al menudeo, muchas veces como práctica de supervivencia”, explicaron las organizaciones que firmaron el acuerdo: CELS, Intercambios, Asociación Civil Cogollos del Oeste, ARDA, Agrupación marplatense de Cannabicultores, Reset, CECCa, ILSED, Asociación Pensamiento Penal, APDH, ACVI, Causas Comunes, AUPAC, INECIP, AASM, ANDHES, AREC, Cannabicultores Necochea Quequén, Ciencia Sativa, ACCC, Cannabis Activa Olavarría.

Un espacio gris entre la ley y la justicia

En Argentina, agregó la especialista del ILSED, “hay evidencias empíricas que muestran que pese a que se fortalecen cada vez más las políticas represivas, los patrones de consumo se incrementan. Con lo cual, hay esfuerzo policial y judicial que es absolutamente inefectivo”. Entre las evidencias empíricas, Souto Zabaleta menciona dos estudios hechos por Sedronar en 2010 y 2016, en población general entre 12 y 65 años, que revelan como aumentaron tanto el indicador de consumo como los indicadores de facilidad de acceso y de oferta directa: el consumo creció de 3,2% (2010) a 7,8% (2016), la oferta directa de 20,5% (2010) a 35,5% (2016) y la facilidad de acceso de 40,7% (2010) a 48,9% (2016). 

En cuanto a la legislación, Marina García Acevedo, miembro del equipo de Justicia y Seguridad del CELS, indicó que en Argentina existe, por un lado, “una ley (23.737) que reprime la tenencia de estupefacientes para consumo personal” mientras que, por otro lado, “la Corte Suprema de la Nación en 2009 declaró inconstitucional la penalización de la tenencia para consumo“.

“O sea que por ley la policía te puede detener pero, una vez que vas a la justicia, los jueces te deberían liberar si demostrás que la tenencia era para uso personal. Este gris genera graves vulneraciones de derechos humanos”, explicó García Acevedo.

El enfoque prohibicionista, aclaró la especialista, es de larga data en nuestro país. “Este gobierno, sin embargo, le ha dado un énfasis mediático muy importante, al plantear la problemática de la droga como el principal problema de los argentinos”, consideró García Acevedo.  “Las causas iniciadas por tenencia, almacenamiento y transporte de plantas y semillas se duplicaron entre 2015 y 2018. Pasaron de 530 a 975”, agregó.

“La excusa de la guerra contra el narcotráfico de este gobierno, en definitiva, se ha tranformado en un modo de control social sobre los sectores populares. Es decir, ha propiciado un nuevo ámbito para las practicas arbitrarias y abusivas de la policía. Esto tiene víctimas especificas, ya que quienes terminan siendo criminalizados son los jóvenes de barrio pobres y las trabajadoras sexuales”, explicó la representante del CELS.

Modelos mucho más eficientes

Las organizaciones que firmaron este acuerdo consideran que “hay modelos mucho más eficientes para regular este mercado, modelos que no solamente protegen los derechos sino que también permiten abordar el problema del narcotráfico de manera más efectiva”, sostuvo Souto Zabaleta.

“Se gastan esfuerzos estatales en perseguir a consumidores o a los eslabones más bajos de la cadena de comercialización y las grandes organizaciones son las que terminan regulando el mercado. Lo que nosotros proponemos, en cambio, es que sea el Estado quien efectivamente regule ese mercado”, concluyó la coordinadora del grupo de estudios en Políticas de Prevención y Control del Narcotráfico del ILSED.

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