Marcha al Congreso

Marcha al Congreso por la Emergencia Alimentaria.

Movimientos sociales se concentran para esperar que la Cámara de Senadores sancione la norma que ya fue aprobada por Diputados. Con la ley, el Ejecutivo podrá destinar 10 mil millones de pesos extra a comederos y merenderos.

Imagen: NA

Los movimientos sociales esperan en la calle la sanción de la Emergencia Alimentaria. La CTEP, Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Frente Darío Santillán se concentran desde las 11 de la mañana frente al Congreso, en apoyo el debate en el Senado. Con la Ley, el Poder Ejecutivo podrá utilizar 10 mil millones de pesos de acá a fin de año para duplicar los alimentos destinados a los comedores y merenderos.

Vale tener presente que el objetivo de las marchas como la de hoy por la Emergencia Alimentaria fue generar la voluntad política de que el Estado actúe para garantizar el acceso a los alimentos. De hecho, el gobierno de Cambiemos tuvo fondos extras aprobados y disponibles para Políticas Alimentarias desde 2016, pero aunque parezca difícil de creer, no los utilizó. Incluso en un año electoral como el 2019, el ministerio de Desarrollo Social subejecutó las partidas presupuestarias destinadas al envío de comida a escuelas y redes de contención, mientras la suba de los precios hacía que en los hogares de menores ingresos fuera cada vez más difícil acceder a las cuatro comidas diarias. Algunos datos ilustran esta situación:

  • Hoy son más de cinco millones los argentinos no pueden acceder a la canasta básica de alimentos, según el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda. El número de personas que no puede proveerse de una alimentación completa y de calidad nutricional es del doble que en 2016.

  • Contra el discurso oficial que asegura que no hubo un gobierno con tanto gasto social como el que asumió en 2015, lo cierto es que Cambiemos no percibió la gravedad de la crisis en su verdadera magnitud, ni dio las respuestas necesarias. En 2017, el ministerio de Desarrollo Social usó sólo el 75 por ciento de los fondos destinados originalmente a Políticas Alimentarias (y no gastó un solo peso de de la ampliación de su presupuesto). Lo mismo ocurrió en 2019: para agosto, el Gobierno debería haber gastado el 70 por ciento del presupuesto destinado a Políticas Alimentarias, pero sólo había usado el 58 por ciento.

Es sobre este antecedente que hoy se sanciona la Emergencia 2019. Su importancia, entonces, reside no sólo en contar con la ley -un instrumento para reasignar partidas que tendrá vigencia hasta 2022- sino sobre todo en crear un clima en que el que el problema se mantenga visible y los gobiernos accionen.

Los fondos liberados por la Emergencia estarán destinados a todo tipo de comedores y merenderos, incluidos los escolares, los sostenidos por Cáritas, los de redes municipales y los de movimientos sociales, que motorizaron los reclamos más sostenidos.

En los numerosos reclamos que se hicieron a lo largo de este año, las organizaciones sociales plantearon que con la suba del precio de los alimentos se dio un proceso doble: recibieron más demanda al mismo tiempo que Desarrollo Social discontinuaba o recortaba los envíos de insumos. Uno de los productos que más faltó fue la leche en polvo , que también fue difícil de encontrar en los supermercados durante los meses que fueron de marzo a agosto, debido a que su precio de exportación hizo más rentable para los productores mandarla a Brasil. En las negociaciones, los funcionarios del ministerio admitían el problema, señalando que parte de las compras se vieron afectadas por la “falta de precio”.

Otro aspecto puesto sobre la mesa es la baja calidad nutricional de los envíos, que obligan a una dieta pobre en vegetales frescos y proteínas, y excesiva en harinas, grasas y azúcares. Esta cara del problema todavía no fue tomada por las políticas alimentarias, pero es más que probable que terminará siendo una cuestión abordada en los meses que vienen, ya que hay mediciones de peso y talla de los niños que asisten a los comedores que permiten describir la situación.

Los relevamientos muestran que cuatro de cada diez chicos que se alimentan en comedores (escolares o sociales) tienen algún tipo de malnutrición. La preeminencia es de casos de sobrepeso y obesidad. También aumentó el número de niños con baja talla o estatura, una de las señales de la mala alimentación crónica.

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